Los primitivos habitantes de La Palma llamaban a la isla "Benahoare" (mi tierra) y estaba dividida en 12 cantones o señoríos, gobernados cada uno por un mencey. Los primeros datos sobre La Palma son del siglo XV. Aunque faltan datos concretos al respecto, se calcula que la población en ese momento, podía oscilar en torno a los 4.000 habitantes. Los aborígenes vivían fundamentalmente del pastoreo de cabras, ovejas y cerdos, y recolectaban frutos y raíces con los que elaboraban una especie de harina a la que llamaban "gofio", hecha con raíces de helecho y amagantes, que tostaban y molían. Al cantón correspondiente a La Caldera lo llamaban "Aceró", que quiere decir "lugar fuerte e invulnerable", y su mencey se llamaba Tanausú.

En 1447 Guillén de Peraza parte de La Gomera con tres naves y 500 hombres, dirigiéndose a conquistar La Palma. Tras desembarcar en el cantón de Tihuya, donde reinaba el príncipe Echedey, se produjo una terrible batalla donde los indígenas derrotaron a los castellanos a pesar de sus primitivas armas (lanzas de madera y piedras). El mismo Guillén de Peraza falleció durante los combates tras ser alcanzado por una piedra.

El 29 de septiembre de 1492 desembarcan en Tazacorte, en la desembocadura de La Caldera, unos 900 hombres al mando de Alonso Fernández de Lugo, quienes por medio de pactos, fueron poco a poco sometiendo a nueve de los doce cantones. Luego tuvieron que librar la gran batalla de Timibúcar para vencer la resistencia de los cantones aliados de Tedote y Tigalate, venciendo a Bentacayse, jefe de Tedote, y a los hermanos Jariguo y Garehagua, que compartían el poder en Tigalate.

Finalmente, tan sólo les quedaba el cantón de Aceró para dominar la isla, pero allí fueron rechazados una y otra vez por Tanausú y sus hombres. Tras los fallidos intentos de los castellanos por adentrarse en La Caldera, Fernández de Lugo mandó a un tal Juan de Palma, pariente de Tanausú ya cristianizado, para convencer a este de que saliera por el paso de Adamacansis para hacer un pacto de caballeros. Tanausú, ante la insistencia de los contrincantes y para evitar mayores sufrimientos a su pueblo, accedió a negociar y a firmar la paz, y por ello fue a encontrarse con don Alonso. Uno de sus seguidores le advirtió de que podía tratarse de una emboscada, pero el mencey siguió adelante porque no podía concebir que Fernández de Lugo le engañara. Los castellanos le atacaron, capturándole junto a su séquito en el lugar conocido hoy como El Riachuelo, cerca de La Cumbrecita. Dicen que Tanausú se dejó morir en el barco que le llevaba a la península, ya que no quiso comer en protesta por la traición. La huelga de hambre le llevó a la muerte.

Una vez concluida la conquista, con la incorporación de la isla de La Palma a la corona de Castilla, comienzan a llegar a ella, castellanos, mallorquies, catalanes, portugueses, italianos, flamencos, etc., atraídos por las riquezas de esta tierra. Todas estas gentes y los pocos indígenas que seguramente quedaron, forman el tronco de la población palmera actual.

Precisamente, como agradecimiento por los servicios prestados en la conquista de La Palma, en 1496 los Reyes Católicos le dieron a D. Alonso Fernández un derecho para repartir las tierras y las aguas. Aunque él prefirió vivir en Tenerife, se reservó para sí uno de los mejores lugares de La Palma: Los Sauces, al norte de la capital. La Caldera se la dio a su sobrino y lugarteniente en 1502. A partir de entonces, por ventas y transmisiones hereditarias, pasó a diversas manos, y en la actualidad la propiedad de estas tierras recae en el Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte. Actualmente el Heredamiento está compuesto por cerca de 1.800 hacendados que aprovechan el agua de más de 70 manantiales y galerías de La Caldera, así como las aguas que por escorrentía llegan a Dos Aguas, una vez fuera de los límites del Parque.

Los estatutos del Heredamiento tienen a La Caldera como finca proindivisa y los socios hacendados se reparten sus aguas cada 10 días. Cada uno es propietario del caudal que sale de La Caldera durante horas, minutos y segundos, en función de las tierras agrícolas que posea o de los derechos que haya adquirido.

La Caldera siempre fue utilizada como dehesa comunal, y este uso unido a su riqueza en aguas, motivó que las autoridades locales comenzaran a pleitear por su posesión desde el siglo XVI hasta fechas recientes, sin conseguir su propósito. En 1954, el ayuntamiento de El Paso inscribió las tierras de La Caldera como municipales. En 1967, el ayuntamiento volvió a demandar la propiedad, pero fue desestimada por el Tribunal Supremo en 1970. Nuevas demandas jurídicas en 1981, 1984 y 1986 no han obtenido en los tribunales ningún resultado favorable.

Siendo la principal riqueza de la Caldera de Taburiente el agua, el Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte en sus ordenanzas dicta una estricta protección de los bosques del interior de la Caldera, prohibiendo la tala de árboles y la introducción de ganado, conscientes de que la presencia y conservación de la cubierta arbolada garantizaba la permanencia de fuentes y manantiales, así como su caudal. Gracias a esta temprana conciencia ecológica, nacida hace más de 400 años, la Caldera de Taburiente ha llegado hasta nuestros días con sus recursos naturales casi intactos, lo que ha propiciado su declaración como Parque Nacional.

En 1954 se declaró por Decreto el área de La Caldera de Taburiente como Parque Nacional, a instancias de un grupo de artistas y hombres de estudio. Pocos son los datos que se disponen sobre la existencia de presiones sociales para que tan emblemático espacio fuera declarado Parque Nacional. La primera referencia data de 1934, cuando un concejal de La Palma formula una petición de declaración de este espacio como Parque Nacional, pero esta propuesta fue rechazada, ya que La Caldera era una finca de particulares.

La ley 4/1981 de reclasificación supuso una ampliación del Parque hasta las 4.690 ha y la incorporación de una Zona Periférica de Protección que comprende 5.956 ha. El territorio protegido pudo ser mayor pero los ayuntamientos y particulares que tenían que aportar los terrenos no tomaron a tiempo los acuerdos correspondientes. Por ello la ley en uno de sus artículos permite la incorporación de nuevas fincas colindantes con el Parque en cualquier momento.

En 1986 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, en el cual se establece una zonificación en relación al posible uso por los visitantes así como los accesos y principios generales que van a definir la gestión. Estos aspectos pueden ir modificándose a lo largo del tiempo, por lo cual se prevé una revisión periódica del Plan Rector.